Ciudad de México.- La administración de Claudia Sheinbaum ha promovido una estrategia de seguridad enfocada en reducir la violencia sin confrontación militar directa, buscando disminuir homicidios y fortalecer la justicia con detenciones y decomisos programados que atacan las causas del crimen.
Las autoridades han resaltados reducciones en homicidios dolosos en varias entidades y cifras importantes de detenidos y aseguramientos de armas y drogas. Sin embargo, en Sinaloa la realidad ha evidenciado las limitaciones de este enfoque.

La desaparición de diez trabajadores de una minera canadiense en Concordia, presuntamente a manos de miembros del crimen organizado, y la desaparición en Mazatlán de cuatro turistas de la Ciudad de México, han reactivado la atención mediática, subrayado la violencia incluso en áreas donde se espera mayor control estatal.

El gobierno federal con operativos donde se despliegan fuerzas, se realizan detecciones y acciones coordinadas de seguridad pública para desarticular redes criminales e intentar retomar el control territorial, pese a ésto la violencia continúa en municipios como Escuinapa y Mazatlán.
El choque entre la estrategia gubernamental y la realidad en Sinaloa plantea si las políticas actuales son suficientes para enfrentar a las organizaciones delictivas que cuentan con capacidades logísticas devastadoras.
Con información de El País.
