Ciudad de México.- México debe cortar el cordón que ata el derecho a la salud, a las prestaciones del trabajo, igualar el salario mínimo al costo de una canasta familiar, entre otras legítimas aspiraciones de sus habitantes, para combatir la precariedad laboral que genera más pobreza y desigualdad, consideró la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En un comunicado, la agrupación señaló que otras metas deben ser disponer de un eficiente sistema nacional de cuidados que facilite la inclusión económica de mujeres; erradicar en los hechos el outsourcing abusivo y, entre otras medidas, activar el sindicalismo democrático que defienda los derechos de los trabajadores.
Sostuvo que el derecho a la salud es un privilegio reservado en México, solo a quienes trabajan con un patrón privado o público que afilia a sus empleados a la seguridad social.
Solo nueve millones de personas, en una fuerza productiva potencial de 75 millones, tiene empleo con lo mínimo decente: seguro social y un ingreso laboral superior al costo de una canasta familiar (dos canastas básicas).
Estimó que 35.3 millones de personas trabajan en la precariedad y una tercera parte (24.6 millones de personas) de la población productiva potencial está excluida del mercado laboral, de plano desempleados o sin poder buscar trabajo remunerado, por realizar trabajos del hogar o de cuidados.
Esta situación, añadió el comunicado, reduce el tamaño y frena el dinamismo de la economía, limita seriamente el mercado interno para impulsar el crecimiento, lastra la recaudación fiscal, y, sobre todo, niega el ejercicio de dos derechos fundamentales para la vida: la salud y el trabajo.
Aseguró que en materia laboral, en la República Mexicana, “el semáforo está en rojo”. La precariedad y la exclusión afectan a todas las entidades federativas, con ligeros matices que indican que la situación es más grave en los estados del sureste que concentran los mayores porcentajes de pobreza, o en el Estado de México, con el mayor número de personas pobres.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza dio también a conocer un ranking que ubica la situación de cada estado del país en relación con las personas que tienen trabajo formal con las mínimas condiciones decentes: es decir, con ingreso por arriba del costo de la canasta familiar y afiliación a la seguridad social.
Se trata de personas que trabajan en condiciones de precariedad, y quienes están, de plano, desempleadas y cansadas de buscar empleo y quienes se mantienen ocupadas en trabajos del hogar y de cuidados, 94 por ciento de las cuales son mujeres.
“El análisis revela que en México el trabajo no funciona como la puerta de salida de la pobreza, al contrario, el sistema laboral en su estructura actual se ha convertido en una fábrica de pobreza y desigualdad”, dijo el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo.
Una de las causas de la situación actual es el modelo de seguro social que México adoptó el siglo pasado al incluir la salud, las estancias infantiles y otras coberturas en las prestaciones laborales a cargo de cuotas obrero patronales.
“La salud es un derecho, corresponde al Estado garantizar su acceso. Eliminar incentivos a la informalidad implica eliminar ese nudo que encadena el derecho a la salud y al derecho al trabajo”, explicó Gómez Hermosillo.
Las propuestas que presenta Frente a la Pobreza para pasar al verde en el semáforo, incluyen: igualar el monto del salario mínimo al costo de una canasta familiar (dos canastas básicas).
Asimismo, activar los mecanismos de garantía de derechos laborales ya aprobados por la reforma laboral; un nuevo modelo de seguridad social no encadenado al régimen laboral, incluyendo el sistema nacional de cuidados, y la inclusión de políticas de fomento al trabajo digno en otras agendas de desarrollo: fomento a la economía verde, economía social y solidaria, por ejemplo.
El semáforo muestra que, por regiones, hay un virtual empate entre el Sur-Sureste y el Valle de México con 35.2 por ciento y 34.2 por ciento de personas excluidas del empleo.
El promedio nacional de exclusión quedó en 32.8 por ciento y las regiones del Centro y el Norte tienen porcentajes de exclusión ligeramente menores de 32.3 por ciento y 29.6 por ciento, respectivamente.
La precariedad laboral es mayor igualmente en el Sur-Sureste y en el Valle de México con 10 millones 983 mil personas y siete millones 528 mil personas trabajando con ingreso insuficiente y sin acceso a la seguridad social; la región Centro tiene nueve millones 348 mil personas en precariedad y el Norte tiene 7 millones 403 mil personas en igual situación laboral.
En rojo, pero en avance, la región Norte se ubica con un 20.3 por ciento (tres millones 658 mil personas empleadas con salario suficiente y seguridad social) en el primer sitio del ranking de trabajo digno.
En esta señal del semáforo, el Centro se ubica en 12.4 por ciento (dos millones 526 mil personas con trabajo digno); el Sur-Sureste y el Valle de México empatados con 7.6 por ciento, pero con una mínima diferencia en los números absolutos con un millón 583 y un millón 192 mil personas, respectivamente.
En síntesis, muchos estados del sur-sureste, el Estado de México y algunas entidades del centro del país como Morelos y Tlaxcala presentan las peores condiciones laborales en la República Mexicana.
Los estados del norte y algunos del centro o Ciudad de México tampoco están bien, muestran avances, pero solo están “menos peor” que los demás.
INFOQROO/JCG