Involucrada en un accidente automovilístico, Beatriz Hernández Ruiz profesional del sector salud, bajó de su auto para ofrecer ayuda médica y, sin transiciones, policías de Progreso de Obregón, Hidalgo (con lujo de violencia) la subieron a una patrulla, la llevaron a un calabazo y horas después estaba muerta.
Ante este suceso, las autoridades dieron declaraciones confusas al afirmar que Beatriz se había suicidado con una servilleta y que en su cuerpo había sustancias tóxicas, lo que generó que feministas realizaran una marcha de protesta, que se tornó violenta con pintas y muebles quemados en el ayuntamiento.
Frente a la impunidad y el dolor de la familia de Beatriz, personal médico protagonizó una marcha pacífica desde el Hospital General hasta la plaza Juárez de Pachuca, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con energía, exigieron justicia.
Finalmente, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo ordenó la detención de siete policías, entre ellos la directora de la corporación Estefanía Hernández, quienes se hallan en la cárcel de Mixquiahuala de Juárez en espera de que un juzgado determine cuál es su situación legal.
Las dos comisiones exigen el apego a la ley y que se apliquen los pasos correspondientes sobre perspectiva de género y feminicidio, y exhortan a las autoridades competentes para que promuevan entre los integrantes de las instituciones de seguridad protocolos de actuación y de uso de la fuerza.
Beatriz Hernández, de 30 años de edad, trabajaba en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Pachuca y era muy apreciada entre compañeros y pacientes, aunque el Ayuntamiento de Progreso de Obregón asegura que su muerte es parte de un golpeteo político contra el alcalde.