Michoacán.- El asesinato de Carlos Manzo, detonó reacciones ciudadanas inmediatas, que derivaron en manifestaciones y disturbios en distintos puntos del estado.
El alcalde había denunciado públicamente la presencia y el poder de organizaciones criminales en el municipio, e incluso había solicitado apoyo federal para contener la violencia. El ataque se produjo en un acto público de gran concurrencia durante la celebración del Día de Muertos, lo cual generó indignación por realizarse ante testigos. Tras los hechos, la ciudadanía de Morelia y Uruapan organizó marchas y actos de protesta en exigencia de justicia y contra la impunidad.
En la capital michoacana, Morelia, se realizó una marcha en la que los participantes exigieron “justicia para Manzo” y llamaron a que el crimen organizado no siga operando con impunidad.
Durante las protestas en el Palacio de Gobierno de Michoacán, se registraron actos de vandalismo, lo que llevó a la detención de ocho personas por esos hechos.
En el funeral del alcalde en Uruapan, Alfredo Ramírez Bedolla, fue abucheado y eventualmente retirado del acto por los manifestantes.
Los manifestantes exigen una investigación rápida, transparente y sin impunidad del asesinato, mayores acciones concretas para garantizar la seguridad ante la violencia del crimen organizado. Que las instancias estatales y federales rindan cuentas por la situación de violencia en la región y abandonen políticas que, según críticos, resultan insuficientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, condenaron el asesinato y prometieron que “no habrá impunidad”.
La fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación por el atentado y también por los daños ocurridos durante las protestas.
El homicidio de Carlos Manzo se enmarca en un contexto de alta violencia en Michoacán. Actualmente, el estado es uno de los más afectados por la operación delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones. Además, la ejecución de un alcalde en funciones representa un episodio grave para la gobernabilidad local y la seguridad pública.
Las manifestaciones evidencian un nivel de frustración social acumulada frente a la inseguridad, así como una exigencia de mayor responsabilidad estatal y federal.
La posibilidad de que estos actos de protesta tengan cambios reales dependerá de las autoridades.
Por mesa de redacción