Playa del Carmen.— En medio del auge inmobiliario que registra la Riviera Maya, ciudadanos han denunciado la operación continua de presuntas redes de fraude inmobiliario en Playa del Carmen, las cuales, aseguran, actúan sin sanciones visibles por parte de las autoridades.
De acuerdo con los señalamientos, supuestas agencias inmobiliarias ofrecen terrenos o propiedades inexistentes, o bien inmuebles que ya cuentan con propietario legal, utilizando redes sociales y sitios web como principales canales de captación. Las víctimas refieren que estas ofertas suelen presentarse con precios muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de tratarse de “remates bancarios”.
Entre las empresas señaladas se encuentra “Remates Bancarios”, cuya razón social es VAG Inmorecuperadora Inmobiliaria S.A. de C.V. Según testimonios difundidos en plataformas digitales, el representante de la empresa sería Jorge Arturo “N”, quien se presenta como abogado. Los denunciantes describen un modus operandi similar en distintos casos: promociones atractivas, solicitudes de transferencias bancarias o pagos en efectivo, contratos presuntamente irregulares y, posteriormente, la falta total de respuesta una vez entregado el dinero.
Las denuncias indican que ya existen carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer avances concretos ni acciones contundentes, lo que ha generado preocupación entre las personas afectadas y la ciudadanía en general.
Ante esta situación, se ha hecho un llamado público a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, así como a la Fiscalía estatal, para que informen cuántas investigaciones se encuentran abiertas, qué seguimiento se ha dado a los casos y por qué las empresas señaladas continúan operando pese a los múltiples señalamientos.
Asimismo, abogados especialistas han advertido sobre la forma en que operan este tipo de estafas y han exhortado a la población a extremar precauciones antes de realizar cualquier pago, además de orientar a las víctimas sobre los pasos legales que pueden seguir para denunciar.
Ciudadanos subrayan que, mientras no existan sanciones ejemplares ni resultados visibles por parte de las autoridades, el fraude inmobiliario podría continuar creciendo en la región, afectando tanto a residentes como a inversionistas.
Las autoridades recomiendan denunciar cualquier irregularidad ante la Fiscalía General del Estado, a fin de evitar que más personas resulten afectadas por este tipo de delitos.
Por Mesa de Redacción