Tulum, Q.Roo.- Inversionistas chilenos iniciaron una demanda en su país contra los promotores del Edificio Monarca, en Aldea Zamá, Tulum, alegando que el contrato de promesa de compraventa que firmaron es inválido por razones legales. El caso, registrado bajo el ROL C-8987-2025, incluye también una solicitud de indemnización por los perjuicios ocasionados.
Las demandantes, María Eliana Larraín Fernández y Macarena Marchant Larraín, acusan a los representantes de la sociedad mexicana Paillaco S. de R.L. de C.V., Gerardo Sotoluque y Rodrigo Morelli, ambos Chilenos ,de haber suscrito un contrato jurídicamente inviable para extranjeras, ya que el inmueble se encuentra en una zona donde la legislación mexicana restringe la propiedad directa a extranjeros.
De acuerdo con la demanda, el contrato fue firmado en enero de 2022 en Santiago de Chile por un valor total de 270 mil dólares, con un anticipo de 40 mil dólares. El acuerdo establecía varias condiciones previas a la compraventa definitiva, entre ellas la constitución del régimen en condominio, la recepción final de obras y la ausencia de gravámenes.
Las compradoras aseguran que todas las condiciones fueron cumplidas, excepto el pago total del precio, que debía realizarse al momento de firmar la escritura final. Sin embargo, denuncian que los promotores no formalizaron la compraventa ni devolvieron el adelanto, de echo aún no se pueden firmar las escrituras de este proyecto ,
Un contrato con “objeto ilícito”
El caso se fundamenta en el Artículo 27 de la Constitución mexicana, que prohíbe a extranjeros adquirir directamente terrenos dentro de la llamada zona restringida, es decir, a menos de 50 kilómetros del litoral marítimo o 100 kilómetros de la frontera.
Según la legislación, para que un extranjero pueda adquirir un inmueble en esas áreas debe hacerlo a través de un fideicomiso bancario, donde un banco mexicano funge como titular fiduciario y el comprador extranjero cómo beneficiario.
Las demandantes sostienen que nunca fueron informadas de esta restricción ni del requisito del fideicomiso, por lo que el contrato de promesa sería imposible de ejecutar y, en consecuencia, nulo de pleno derecho.
Entre las peticiones ante el tribunal chileno se encuentran: La nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa. El reembolso del adelanto de 40 mil dólares, más reajustes. El pago de una cláusula penal equivalente al 10% del valor del contrato (27 mil dólares).
La indemnización por daños y perjuicios, incluyendo lucro cesante. La calificación de mala fe para los promotores, al conocer la imposibilidad legal desde el inicio.
También se solicitó una medida precautoria para impedir que los vendedores realicen actos que puedan afectar el proceso judicial mientras dure el litigio.
Implicaciones para el mercado inmobiliario en Tulum
El caso del Edificio Monarca ha despertado atención entre inversionistas extranjeros y desarrolladores locales, pues podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los contratos internacionales en zonas turísticas mexicanas.
Expertos advierten que esta situación revela la urgente necesidad de asesoría legal local para quienes invierten desde el extranjero, sobre todo en lugares con alto valor inmobiliario como Tulum.
Un destino donde la inversión extranjera crece a gran velocidad y este conflicto solo se convierte en una advertencia para compradores y promotores: el lujo y la ubicación no bastan; la seguridad jurídica es el verdadero cimiento de toda propiedad.
Cabe destacar que el municipio se ha visto envuelto en casos recientes de clausura por parte de la PROFEPA por residencias y construcción de inmobiliarias que no tenían autorización de impacto ambiental entre otros factores.
Por Mesa de Redacción.