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Plan Michoacán por la Paz y la Justicia de Claudia Sheinbaum

CDMX.- En su habitual conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral cuya finalidad es atender la crisis de violencia en el estado de Michoacán, tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre. 

El asesinato del edil Carlos Manzo, en Uruapan, generó una fuerte reacción social y mediática en Michoacán, estado que desde hace años enfrenta altos niveles de violencia, operación de grupos del crimen organizado y retos graves en materia de seguridad. 

Frente a este escenario, el gobierno federal anunció este plan para atender no sólo la represión de la violencia, sino también sus raíces estructurales. 

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se organiza alrededor de tres ejes centrales: 

1. Seguridad y justicia

2. Desarrollo económico con justicia

3. Educación y cultura para la paz

La mandataria indicó que esta semana el gabinete federal recorrerá comunidades, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, víctimas y sectores productivos de Michoacán para recoger sus aportaciones. Se espera presentar el plan formalmente a más tardar el fin de semana o a inicios de la próxima semana. 

Sheinbaum enfatizó que «la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra». 

En sus declaraciones, afirmó: «Nuestro compromiso es llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo». 

El anuncio ha sido recibido en un contexto de fuerte presión pública por los altos niveles de violencia y homicidios en Michoacán. 

El plan reconoce explícitamente que la estrategia no será “militarización” pura, sino una combinación de seguridad, desarrollo y justicia. 

Sin embargo, entre los desafíos más visibles están:

La necesidad de coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

La capacidad de la fiscalía estatal para investigar y perseguir delitos de alto impacto.

Que el componente de desarrollo económico y cultural pueda ejecutarse eficazmente en zonas golpeadas por el crimen organizado.

Ganar la confianza de las comunidades locales, incluidas las de pueblos originarios, que históricamente han sido afectadas por la violencia y la marginación.

Por Mesa de Redacción 

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