Cancún.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha iniciado acciones contundentes contra desarrollos inmobiliarios ilegales en Quintana Roo, al confirmar que impulsará la demolición de un complejo construido en la costa de Tulum sin autorización federal de impacto ambiental.
Mariana Boy Tamborrell, titular de la dependencia, afirmó que este tipo de proyectos son “focos rojos” por su impacto ecológico y representan violaciones graves al marco legal ambiental.
La funcionaria explicó que la Profepa buscará endurecer la legislación para frenar la práctica común de construir sin permisos y luego regularizarse. Se impulsarán reformas para aumentar las sanciones económicas, incluir denuncias penales y priorizar la reparación ambiental, lo que implicaría revertir los daños mediante medidas como la demolición total de obras ilegales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del desarrollo MAIIM, compuesto por tres edificios y 30 condominios en la Bahía Solimán, Tulum. Pese a no contar con autorización de impacto ambiental, el proyecto recibió en 2021 permisos municipales de cambio de uso de suelo y en 2022 constancias de congruencia urbanística por parte de autoridades locales, lo que derivó en una demanda de amparo promovida por la organización DMAS, misma que fue ganada en mayo pasado.
La sentencia del Juzgado Quinto de Distrito ordenó la revocación de dichos permisos por violar el principio de prevención ambiental, al construirse en una zona con vegetación protegida y sin estudios técnicos previos. Según Antonella Vázquez Cavedón, la Profepa está facultada para clausurar y ordenar la demolición, y ya se encuentra coordinando acciones con la Semarnat para iniciar el procedimiento correspondiente.
Boy Tamborrell concluyó que las multas económicas ya no son suficientes para disuadir a los desarrolladores, quienes suelen contemplarlas como parte de sus gastos. Por ello, la Profepa intensificará inspecciones y sanciones en proyectos de zonas costeras, como parte de una estrategia nacional para proteger los ecosistemas vulnerables de estados como Quintana Roo, Yucatán y Baja California.
Con información de El Universal.