En un acto de corresponsabilidad civil, el Comité de Participación Ciudadana del estado (CPC) realizó cuestionamientos a la Secretaría de Salud, para dar cuenta del ejercicio de la institución y transparentar lo que han tachado de irregularidades durante el periodo de la pandemia de covid-19, por supuestos contratos que suman la cantidad de casi 425 mdp.
A través del diario La Opinión, se detalla que durante el 2020 la esposa de un allegado al gobernador Carlos Joaquín, tuvo la iniciativa de crear una empresa mediante la cual en ese mismo año le fueron otorgados seis contratos que suman la cantidad de 210.4 millones de pesos, y otros dos en el 2021, por la cantidad de 213.8 millones.
Aunque el documento de la institución la organización se refiere a la ciudadana Vanesa Vázquez, la administración de SESA aclara su referencia hacia la ciudadana Vanesa Lizeth Flores Vargas, quien es objeto de crítica por parte de la ONG, tras señalar que no contaba con experiencia en el ramo, ya que en su curriculum solo reporta actividades de “obra pública y privada”, no obstante, el documento de Participación Ciudadana de Quintana Roo para el ejercicio “Glosando…ando”, objeta sobre su actividad comercial.
Asimismo, la dependencia argumenta el haberle otorgado los contratos a Flores Vargas al ser una de las dos proveedoras existentes y contar con “los materiales y equipos que se requerían en lo momentos críticos de la pandemia ocasionadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Trasciende que el tema es investigado por la Auditoría Superior de la Federación, quien encontró que al momento de que se le otorgaron los primeros contratos, el Estado de Posición Financiera de esa persona, tenía -13 mil 500 pesos (o sea, menos que cero). Y piden que se involucre la Auditoría del estado de Quintana Roo.
Con información de La Opinión
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