Ciudad de México.- La detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue el desenlace de una serie de hechos que se fueron acumulando durante al menos tres años y que hoy lo mantienen bajo investigación por presunta extorsión, corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado, en el marco de la Operación Enjambre.
El antecedente más antiguo se encuentra en su declaración patrimonial de junio de 2023, cuando Rivera se desempeñaba como regidor del ayuntamiento. En ese documento reportó ingresos modestos: poco más de 42 mil pesos anuales como servidor público y alrededor de 30 mil pesos por la compra-venta de caballos.
Reconocer que inició, pero no concluyó, una licenciatura en Derecho, en ese momento, su salario mensual era de 5 mil 824 pesos, el cual se incrementó a 24 mil 757 pesos mensuales en 2024, ya como alcalde. Sin embargo, al momento de su detención, su declaración patrimonial como presidente municipal no estaba disponible públicamente en los portales de transparencia.
Las primeras alertas formales surgieron en diciembre de 2025, cuando la tequilera José Cuervo presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco contra el ayuntamiento encabezado por Rivera Navarro. La empresa acusó cobros irregulares y desproporcionados, entre ellos un impuesto predial hasta 20 veces mayor a lo legal y una multa superior a 60 millones de pesos, presuntamente para evitar la clausura de una de sus plantas. También denunció la negativa de permisos pese a cumplir requisitos y el apagado de calderas, lo que representó un riesgo grave y obligó a la intervención de autoridades estatales.
Posteriormente, el gobierno de Jalisco confirmó que al menos diez empresas, entre tequileras y hoteles, habían presentado quejas similares por presuntas prácticas de extorsión desde el ayuntamiento de Tequila.
Hoy, el caso de Diego Rivera Navarro se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo denuncias empresariales, irregularidades administrativas y la falta de transparencia patrimonial pueden confluir en una investigación de alto impacto contra autoridades municipales.
Con información de Milenio