En el marco de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia contra las mujeres, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. alertó sobre el aumento de agresiones y violaciones a derechos humanos que enfrentan las trabajadoras sexuales en México, especialmente la denominada violencia institucional, que —advirtieron— también está cobrando vidas.
La organización, con más de tres décadas de trabajo comunitario, señaló que en los últimos cinco años se ha profundizado la precariedad económica del sector tras la pandemia: los ingresos de las trabajadoras sexuales se han reducido hasta en un 50%, mientras el costo de la canasta básica supera los 900 pesos semanales, lo que deja a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.
Violencia institucional: un patrón que mata
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer documentó recientemente tres muertes vinculadas a la negación de servicios de salud y a la omisión de instituciones públicas. Se trata de Rocío Valdivia y María Ramírez, quienes fallecieron por enfermedades tratables pero que no recibieron atención médica oportuna, así como de Karla, atropellada y abandonada sin recibir servicios de emergencia. Su cuerpo fue recuperado días después gracias a la intervención de la organización, que exigió al Ministerio Público reconocerlas como su “familia social”.
Estos casos —denunció la Brigada— evidencian un patrón sistemático de exclusión que incluye negación de trámites, solicitudes de documentos no exigidos por ley, prácticas discriminatorias y controles sanitarios coercitivos.
Datos alarmantes
De acuerdo con investigaciones internas de la organización:
El 73% de las violencias ejercidas contra trabajadoras sexuales proviene de servidores públicos, en un entramado que combina corrupción, extorsiones y abuso de poder.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en transfeminicidios, con ocho casos documentados en 2024.
La penalización directa o encubierta del trabajo sexual continúa generando detenciones arbitrarias, desalojos forzosos y vigilancia sobre los cuerpos de las mujeres.
Brigada Callejera recordó que el amparo 112/2013 reconoce legalmente el trabajo sexual como una actividad no asalariada, por lo que la negativa de instituciones a otorgar licencias o brindar servicios contraviene los principios de progresividad de los derechos humanos.
Demandas urgentes
En este periodo de activismo internacional, la organización exigió al Estado mexicano:
1. Garantizar de manera inmediata el acceso a la salud sin discriminación.
2. Frenar la violencia institucional en todas sus formas.
3. Cumplir el amparo que reconoce el trabajo sexual como trabajo.
4. Investigar y reclasificar delitos cometidos contra trabajadoras sexuales, incluidos transfeminicidios.
5. Implementar políticas públicas reales, alejadas de discursos abolicionistas o clientelares.
La Brigada reiteró que la prohibición del trabajo sexual no reduce la violencia, sino que la agrava. La antropóloga Marta Lamas, citada por la organización, afirmó que “las prohibiciones solo profundizan las violencias que ya enfrentan estas mujeres”.
Por Mesa de Redacción