Ciudad de México.- La actualización del registro de personas desaparecidas en México ha desatado polémica al evidenciar graves fallas en la actuación de las fiscalías, aunque históricamente se han contabilizado cerca de 130 mil caos en las últimas dos décadas, el gobierno sostiene que más de 80 mil presentan inconsistencias o errores administrativos, lo que ha reducido el universo de casos “confirmados” a poco más de 43 mil.
Sin embargo, el dato más preocupante es que solo una mínima parte de estos casos cuenta con investigaciones formales, al menos 3,869 expedientes han sido abiertos por las fiscalías lo que refleja una profunda omisión institucional.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares critican esta depuración de cifras, argumentando que los errores en los registros son responsabilidad de las autoridades y no justifican eliminar o minimizar casos.
Además, acusan al Gobierno de priorizar el control estadístico sobre la búsqueda efectiva de personas, en un contexto marcado por la violencia del crimen organizado y la posible participación de agentes del Estado.
En conjunto, el nuevo registro no sólo reordena datos, pone en evidencia años de abandono, falta de investigación y una crisis estructural que sigue sin respuesta.
El País.