Cancún.- A días de conmemorarse el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones y especialistas en derechos de la infancia alertan sobre las graves deficiencias en la atención y procuración de justicia para niñas víctimas de abuso sexual en Quintana Roo.
Datos oficiales revelan que entre 2022 y 2025, Cancún concentró el mayor número de reportes de abuso sexual infantil en el estado, mientras que solo en el primer semestre de 2025 se registraron 1,303 delitos sexuales, de los cuales 487 corresponden a abuso sexual infantil.
En contraste con los avances federales para homologar el abuso sexual como delito grave en todo el país, un caso reciente expone rezagos y decisiones judiciales que contradicen el interés superior de la niñez. Se trata de la carpeta administrativa 878/2024, radicada en los Juzgados Penales Orales de Cancún, donde se investiga la denuncia por abuso sexual contra una niña de menos de cinco años.
Según el expediente, el proceso ha estado marcado por diferimientos repetidos, retrasos injustificados y la negativa de admitir técnicas de investigación esenciales.
Aunque la Fiscalía y el Poder Judicial habían fijado como fecha límite de investigación el 31 de julio de 2025, la audiencia de control de investigación complementaria fue pospuesta en tres ocasiones hasta realizarse el 15 de septiembre, excediendo el plazo legal sin que ello fuera atribuible a la defensa o a la víctima.
Posteriormente, el juez Guillermo Baca González Pliego rechazó pruebas solicitadas desde el 4 de junio alegando extemporaneidad, pese a que los retrasos provinieron del propio órgano judicial.
Expertos advierten que esta decisión podría vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que obligan a privilegiar el interés superior de la infancia.
La audiencia intermedia está programada para el 4 de diciembre, fecha clave para determinar si el Poder Judicial rectificará las omisiones y actuará conforme a los principios de justicia y protección infantil. La defensa legal del acusado está a cargo de Gabriel Ramos Velázquez, apoderado legal de Banco Santander en Yucatán, lo que ha generado mayor atención mediática.
Organizaciones y especialistas han exhortado a los medios de comunicación y a defensores de derechos humanos a dar seguimiento puntual al caso. Para entrevistas y más información, se ha puesto a disposición el contacto del asesor legal de la víctima, Lic. Carlos Flores Mont (WA: 984 143 3119).
Por Mesa de Redacción