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Proponen reforma a la Ley Federal del Trabajo para otorgar 8 horas personales pagadas al año

Ciudad de México. – El legislador Pedro Haces Lago presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa que busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer el derecho de las personas trabajadoras a disponer de 8 horas personales remuneradas al año, sin afectar sus vacaciones ni descansos legales.

La propuesta tiene como objetivo permitir que las y los empleados puedan atender asuntos familiares, de salud o trámites urgentes, promoviendo un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Durante la sesión en el pleno, Haces Lago explicó que la legislación actual contempla licencias específicas —como las de maternidad, paternidad o enfermedad—, pero no contempla necesidades cotidianas que forman parte de la vida diaria. “El trabajo no puede estar por encima de la dignidad humana”, señaló.

Las horas personales podrían utilizarse de manera flexible para atender situaciones como:

  • Cuidado de personas dependientes.
  • Actividades escolares o educativas.
  • Trámites oficiales o legales.
  • Citas médicas.

O cualquier otro asunto personal que requiera presencia.

El legislador recordó que España, Francia y Chile ya cuentan con políticas similares, respaldadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera la conciliación laboral y familiar un derecho humano. Según la OIT, este tipo de medidas favorecen la productividad, reducen el ausentismo y fortalecen la lealtad hacia las empresas.

Además, Haces Lago destacó que la reforma podría reducir las brechas de género, ya que en México las mujeres dedican más horas al trabajo de cuidados: 38 horas semanales en promedio, frente a 26 de los hombres. Tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres, y nueve de cada diez que asumen estas labores terminan renunciando a su empleo.

Finalmente, el diputado recordó que el artículo 123 de la Constitución garantiza condiciones laborales justas, y que México ha ratificado convenios internacionales que obligan al Estado a promover políticas de conciliación familiar y laboral.

Con información de El Imparcial

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